El Gobierno anunció ayer por la tarde, a través de un comunicado, un nuevo recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, dos de los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar. Este anuncio “por sorpresa”, cuyos contenidos aún no se han detallado y a tan sólo unos días de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, solo atiende a la necesidad urgente del Gobierno de reafirmar ante los mercados y la UE su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit. Un compromiso que traiciona otro, el que tiene con la sociedad española, que asiste perpleja a la imposición de una política económica que está sumiendo a nuestro país en la pobreza.
En este marco se inscribe la reforma laboral, rechazada de manera rotunda por los ciudadanos- en la pasada Huelga General del 29 de marzo y en las distintas manifestaciones que se han desarrollado hasta el momento- y los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que conllevan más paro, injusticia social y recesión económica.
Con este nuevo recorte el Gobierno se empeña en enviar mensajes claros y de firmeza a los mercados y a la UE aunque, al mismo tiempo, eso signifique enviar mensajes de incertidumbre y temor a los ciudadanos españoles, que ven impotentes como en apenas cien días, el afán “reformista” de este Gobierno se traduce en el deterioro de nuestro Estado de Bienestar y de nuestro modelo social y de relaciones laborales, que tanto ha costado conseguir.
El Gobierno vuelve a demostrar, como ya lo hiciera con los Presupuestos Generales del Estado, que el empleo no es su prioridad, como tampoco lo son los servicios básicos fundamentales, patrimonio de los ciudadanos, como son la sanidad y la educación.
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