En cualquier caso, estaríamos ante un comportamiento que carece del más mínimo aval democrático en organizaciones que se jactan de representar intereses pegados a la realidad de los centros de trabajo y que abominan de estar contaminados de lo que ocurre más allá de las puertas de los centros comerciales. Como si la realidad que tenemos que sortear día a día pudiera quedar congelada cuando uno se quita el uniforme y se sumerge entre la multitud de ciudadanos que soportan largos itinerarios para volver a su casa o seguir en el tajo para poder mantener las duras condiciones de vida a la que nos han conducido los que han provocado esta maldita crisis que nos azota.
Por eso su monótono mensaje de ser la exclusiva voz de una realidad falseada con los neones de los lineales y el continuo tic de las cajas registradoras les ha llevado a uno de sus más sonados errores y horrores que tendrán que soportar durante los próximos cuatro años los trabajadores y trabajadoras a los que dicen representar. Incluso más tiempo tendrán que sufrir en algunos asuntos por sus “inconscientes” decisiones, por ejemplo, en materia de clasificación profesional, cuya duración temporal han fijado en diez años nada más y nada menos.
Así es, durante los próximos diez años, es decir, allá por el 2022, cuando alguien se aproxime al texto de este convenio aún vera escrito que el Grupo Base (pérfida sustitución del condenado a desaparecer, llamado de inicio) seguirá exigiendo a los que caigan en él una permanencia de cómo mínimo cinco años; y todo ese tiempo solo para adquirir los conocimientos básicos de la actividad de atención y venta en un centro de la gran distribución comercial.
Y de este modo, con una obediencia y sumisión rayana en el sadomasoquismo, han consentido que la patronal se adueñara del convenio hasta el punto de convertirlo en un penoso e injustificable repertorio de despropósitos. ¿O acaso no es un doloroso dislate el aumento de la jornada?, ¿o la eliminación del pago en domingos y festivos y la obligación de trabajarlos de forma generalizada?, ¿o la congelación de las tablas salariales durante los próximos cuatro años con la amenaza de que puedan reducirse si el consumo tiene una evolución negativa?, ¿o una distribución de la nueva jornada sin ninguna garantía de certeza para los trabajadores y con todos los márgenes para las empresas, de tal manera que se pasa de un conocimiento anual de la jornada y su distribución por parte del trabajador a una mera comunicación trimestral sujeta a modificaciones periódicas cada siete días e incluso con la mera antelación de cuando la empresa tenga conocimiento de un imprevisto?, ¿o un recorte sobre los derechos de guarda legal que hará más difícil la conciliación de la vida personal y laboral, reduciendo esta a la discrecionalidad de la empresa? Y así hasta completar un nutrido inventario de desatinos que tiene su culminación en el nuevo y parcialísimo sistema de solución de conflictos colectivos, que deja exclusivamente en manos de las empresas y de la patronal su resolución. Y visto lo visto, no hace falta ser muy perspicaz para percatarse de que esta pasará, lógicamente, por atender los intereses empresariales y despreciar los de los trabajadores.
Por todo lo antedicho, da la sensación de que los firmantes de este convenio no cuentan con razones que justifiquen su ominosa decisión y maquillan su vil entreguismo con coartadas deleznables, que torticeramente manipulan, sobre informaciones circunstanciales y superfluas de otros sectores y empresas; eludiendo su responsabilidad, siendo inconsecuentes con sus actos y, dale la burra al trigo, aventando una legión de excusas flatulentas huérfanas de la más mínima explicación.
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